Petición del fiscal para tres personas en base al pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos
Madrid, 18 de mayo. El Ministerio Fiscal ha acusado a los tres responsables de una empresa de Castelldefels por la comisión de un presunto delito contra la Propiedad Industrial, al adquirir y ofertar a talleres de mantenimiento y reparación de vehículos equipos de diagnosis falsificados. Tras la denuncia formulada por CAPA, Comisión Antipiratería para el Automóvil, en febrero de 2013, agentes de la Guardia Civil intervinieron un total de cinco equipos de diagnosis pirateados.
Tras la instrucción de la causa ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Gavà (Barcelona), recientemente el Ministerio Fiscal ha propuesto la imposición de una pena de un año y medio de prisión a los responsables de los hechos denunciados, así como la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados.
En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Fiscal destaca que los acusados actuaron con pleno conocimiento de la falsedad de los productos y deja constancia, como elemento probatorio de interés, el informe del Detective Privado contratado por CAPA.
El Juez Instructor ha dado traslado de las actuaciones a CAPA, que próximamente realizará el trámite de calificación provisional formulando la pertinente acusación.
ASETRA recuerda las cinco razones por las que los talleres no deben adquirir equipos, software o programas de información técnica ilegales
1-Los talleres somos responsables a efectos legales tanto de la utilización de productos falsificados (aunque dispongamos de la factura de un proveedor), como de la distribución a otros profesionales de información adquirida para nuestro uso propio, puesto que está sujeta a derechos de propiedad intelectual y/o industrial y no puede ser transmitida a terceros. No cumplir la ley puede conllevar importantes sanciones económicas e incluso penales.
2-Los talleres podemos vernos afectados desde el punto de vista técnico cuando utilizamos producto de origen dudoso. Hay casos documentados en los que, al utilizar software ilegal (incluso sin ser plenamente consciente de ello su usuario), se han causado desprogramaciones totales de las centralitas, que han requerido el paso por servicios oficiales y el pago de facturas cuantiosas que han debido ser asumidas por el taller.
3-Si las copias ilegales masivas de equipos de diagnosis y software (información técnica, actualizaciones de códigos y catálogos electrónicos) continuaran extendiéndose en el mercado, los proveedores legales de ese material podrían dejar de operar en el mismo por falta de rentabilidad. En ese caso, la única vía de acceso a información sobre vehículos (necesaria para poder hacer ciertas operaciones de mantenimiento y reparación) sería la del constructor del vehículo con lo que supone eso de riesgo de monopolio y sus consecuencias. Recordemos que la normativa europea vigente en materia de posventa (Reglamento 461/2010 y normas sobre emisiones contaminantes) subraya la importancia de estimular la competencia en el mercado de la reparación y mantenimiento de vehículos pero siempre en el marco de la legalidad vigente.
4-Los talleres debemos de ser coherentes en la lucha contra la piratería en la misma medida que exigimos proactividad a las distintas administraciones públicas competentes cuando denunciamos la competencia desleal de los que realizan actividades ilegales de reparación y mantenimiento de vehículos.
5-Decenas de talleres figuran como imputados en procesos judiciales por este tema. No es bueno para la imagen del sector y muy desagradable para profesionales que ven empañada su trayectoria profesional y la de sus empresas.
Cumplir la ley es una obligación de todos. Quien no lo hace se salta las reglas del juego y compite con desleal ventaja.