Se ratifica una sentencia condenatoria de cárcel por manipular y vender programas de información técnica piratas a talleres

La Audiencia Provincial de Oviedo considera que la prueba de cargo es “abrumadora” y que el condenado tenía pleno conocimiento de la situación irregular de sus actuaciones.

ASETRA aconseja leer atentamente las cinco llamadas de atención incluidas en esta circular para evitar problemas relacionados con la adquisición y el uso de equipos de diagnosis, software y programas de información técnicas de origen dudoso.

La Audiencia Provincial de Oviedo ha confirmado íntegramente la sentencia condenatoria que un Juzgado de lo Penal había dictado el pasado mes de abril por un delito contra la propiedad intelectual por ofertar y comercializar software Autodata pirata a través de una red de distribución.

En la sentencia inicial, el acusado había sido condenado a la pena de prisión de seis meses con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo, al pago de las costas y a indemnizar por los daños y perjuicios causados, a determinar en ejecución de sentencia.

El condenado interpuso recurso de apelación contra la sentencia. Los Magistrados de la Audiencia concluyen que la prueba de cargo “es abrumadora”, en tanto que existen múltiples contradicciones dentro del recurso y, además, de las pruebas practicadas se desprende el conocimiento que el condenado tenía del producto, la marca Autodata y su salida en el mercado. Todo ello sumado al abundante volumen del material intervenido y a la infraestructura dispuesta para la comercialización de falsificaciones (soportes informáticos, programas para vulnerar la protección anticopia…), con el único fin de lucrarse en el mercado.

ASETRA ofrece a continuación cinco llamadas de atención y recomienda su lectura a los asociados para evitar problemas por la adquisición o el uso de equipos de diagnosis, software y programas de información técnica ilegales:           

1-Los talleres somos responsables a efectos legales tanto de la utilización de productos falsificados (aunque dispongamos de la factura de un proveedor), como de la distribución a otros profesionales de información adquirida para nuestro uso propio, puesto que está sujeta a derechos de propiedad intelectual y/o industrial y no puede ser transmitida a terceros. No cumplir la ley puede conllevar importantes sanciones económicas e incluso penales.

2-Los talleres podemos vernos afectados desde el punto de vista técnico cuando utilizamos producto de origen dudoso. Hay casos documentados en los que, al utilizar software ilegal (incluso sin ser plenamente consciente de ello su usuario), se han causado desprogramaciones totales de las centralitas, que han requerido el paso por servicios oficiales y el pago de facturas cuantiosas que han debido ser asumidas por el taller.

3-Si las copias ilegales masivas de equipos de diagnosis y software (información técnica, actualizaciones de códigos y catálogos electrónicos) continuaran extendiéndose en el mercado, los proveedores legales de ese material podrían dejar de operar en el mismo por falta de rentabilidad. En ese caso, la única vía de acceso a información sobre vehículos (necesaria para poder hacer ciertas operaciones de mantenimiento y reparación) sería la del constructor del vehículo con lo que supone eso de riesgo de monopolio y sus consecuencias. Recordemos que la normativa europea vigente en materia de posventa (Reglamento 461/2010 y normas sobre emisiones contaminantes) subraya la importancia de estimular la competencia en el mercado de la reparación y mantenimiento de vehículos pero siempre en el marco de la legalidad vigente.

4-Los talleres debemos de ser coherentes en la lucha contra la piratería en la misma medida que exigimos proactividad a las distintas administraciones públicas competentes cuando denunciamos la competencia desleal de los que realizan actividades ilegales de reparación y mantenimiento de vehículos.

5-Decenas de talleres figuran como investigados en procesos judiciales por este tema. No es bueno para la imagen del sector y muy desagradable para profesionales que ven empañada su trayectoria profesional y la de sus empresas.

Cumplir la ley es una obligación de todos. Quien no lo hace se salta las reglas del juego y compite con desleal ventaja.